OPINIÓN

Sánchez: equilibrismo de alto riesgo 

Nuevo gobierno PSOE-Sumar: inestabilidad y continuismo.

Lucha Internacionalista 

 La amenaza PP-VOX ha permitido a Sánchez unir al resto de fuerzas para repetir como presidente del Gobierno. Es un gobierno más débil e inestable que, para no caer, necesitará permanentes y complicados acuerdos parlamentarios y las muletas sociales de CCOO-UGT. 

 Es un gobierno de continuidad, al punto de mantener a los ministros más cuestionados como Marlaska (asesinatos en Melilla de inmigrantes, premios a policía y guardia civil por la represión de 2017...), Robles (Pegasus, atentados de BCN y Cambrils con CNI...), para apaciguar a los sectores de policía y FFAA y la derecha. Cabe destacar también la preparación del salto de Escrivá (pensiones de empresa, invento del IPC medio para recortar pensiones...) a vicepresidencia de Economía, si se cumplen las expectativas de que Nadia Calviño pase a presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y concentración de poderes y ascenso de Bolaños en la supercartera de presidencia, relación con Les Corts y justicia para abordar la ley de amnistía. 

El vergonzoso pacto PSOE-Sumar al servicio de los empresarios 

 Las 5 sillas ministeriales que consigue Yolanda Díaz (con 6 diputados menos, consigue las mismas que Podemos en 2020), garantizando el visto bueno del PCE al nuevo gobierno, son a la medida de los empresarios –con quienes se negociarán todas las “promesas” laborales- y nada de profundidad para los trabajadores y clases populares. Nada respecto al presupuesto militar, ni la OTAN... Nada del Sáhara. Y nada efectivo en defensa de Palestina, ya que no exige la ruptura de relaciones y en plena masacre propone cínicamente propone “favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina”, reconociendo el estado palestino, mientras Netanyahu barre Gaza y los colonos se comen Cisjordania. Eso sí, todo bajo el amparo de resoluciones de la ONU e impulsando a la UE. 

 Y en política interna, “Diálogo social” con CEOE y CCOO-UGT para imponer la paz social que deberá acordar sobre: 1. Reducción de la jornada laboral sin reducir salarios –lo que Calviño ya ha dicho no es prioritario hasta que se consiga “la plena ocupación”!!!-; 2. para que los sueldos suban “teniendo en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas”, que es el discurso de los empresarios, 3. Para ampliar los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas, 4. Para estudiar los despidos y 5. Para subir el SMI. Nada de control de precios, ni de detener desahucios, pero sí beneficencia por mantener con dinero público las ganancias de las empresas: Ingreso Mínimo Vital y mantenimiento de los bonos para pagar a las eléctricas (pobreza energética), bonos para transporte, jóvenes, créditos para que compren un piso... Nada de reversión de privatizaciones en sanidad, y en educación, ¡¡revisar módulos de la concertada para garantizar la no segregación!!… Nada de regulación de inmigrantes a pesar de las 500.000 firmas, y menos mencionar la ley de extranjería, ni los CIEs: eso sí, impulsarán una "Ley contra el Racismo y trabajaremos en favor de un nuevo Pacto de Migración y Asilo a nivel europeo". Tampoco nada de la ley mordaza. ¡Ah! ¡¡¡Y harán cumplir la Constitución para la renovación del poder judicial!!!! Quizá por eso tampoco hay una línea defendiendo el supuesto referendo pactado en Catalunya que defendían los Comuns. Y una declaración lapidaria viniendo de Yolanda Díaz: "Lo que prometimos en campaña lo cumpliremos", ¿será como la derogación de la reforma laboral o la de la ley mordaza o ya por eso no se compromete a nada?

Cría curvos y te sacarán los ojos: Sumar consuma la liquidación de Podemos 

 A Yolanda Díaz fue un Podemos en ascenso que la propuso para ministra, con un Pablo Iglesias que la aupaba como próxima cabeza de lista de la coalición UP, pese a sus penosos resultados en su tierra, Galiza. Pero ha sido directamente la miembro del PCE, Díaz, quien aceleró la destrucción de Podemos, primero en las listas de las generales, después con la marginación del Gobierno. El sesgo estalinista de Yolanda Díaz le sale por los cuatro costados, no para impulsar una política más revolucionaria, sino para entregarse mejor a la política neoliberal del PSOE, y ratificar, como habíamos dicho, que Sumar es la enésima refundación del PCE y IU. 

 Parece que la liquidación de Podemos también beneficia al PSOE: la socialista Ana Redondo -que se olvidó de las mujeres en su juramento- se queda Igualdad, echando a Irene Montero -ley del sólo sí es sí y Trans- que tanto incomodaba a la derecha y a muchos barones del PSOE; y Sumar, elimina al adversario, con la cínica y humillante propuesta de “incorporarlos” si era con el nombre de su confianza, Nacho Álvarez: faltan calificativos. Podemos, ya en caída libre y ahora desplazado de gobierno, quizás quedará como fuerza residual, ahora que ya el PCE e IU tienen repuesto con Sumar. 

Una amnistía que tira de todas las costuras 

 Para llegar al acuerdo de investidura, Sánchez ha tenido que tensar al límite las contradicciones no sólo internas del PSOE sino con sectores del aparato del estado, que le han declarado la guerra. Incluso él mismo ha tenido que enmendarse, ya que, como le reprocha Feijóo, había dicho que nunca la aceptaría. Una amnistía que es la continuidad de los indultos, que fueron cambio de presos por autonomía y renuncia a la República catalana. Ahora la amnistía, consolida el autonomismo -habla en todo momento de “superación del conflicto”, o sea, pacificación-, incorporando a Puigdemont que, de palabra lo había rechazado, pese a que fue él quien negó la proclamación de la independencia en 2017. Además, tal y como propuso Yolanda Díaz desde el principio, va en la línea de la amnistía del 78, en la que se ponen al mismo nivel verdugos y víctimas, movimientos populares y Estado. La cifra de los posibles amnistiados baila mucho de las 1.432 personas (113 ya condenados, 17 que están pendientes de sentencia y 387 que tienen una causa penal abierta) de Òmnium Cultural, o los 300 de los nuestros y 73 policías de El País. En cualquier caso, muy lejos de los 4.000 represaliados, y con serias dudas de si los CDR, acusados de terrorismo, podrían beneficiarse. 

 Tampoco se ha querido que la amnistía estableciera un puente con los y las luchadoras por derechos sociales -contra desahucios, movimiento feminista- y sindicalistas (SAT, CNT asturiana...) con una Amnistía Total. Ni el PSOE-Sumar (PCE) tienen interés, como tampoco la burguesía catalana de ERC y JXC, que habitualmente están del otro lado aplicando la ley mordaza o el Código Penal, cuando no están haciendo de acusación en los tribunales.   

Y una derecha beligerante escorada a la extrema derecha 

 La derecha y la extrema derecha están moviendo todas las herramientas a su alcance. Desde el poder judicial, donde el juez García-Castellón envía a Puigdemont y Marta Rovira al Supremo acusándoles de terrorismo; la rebelión de 19 fiscales del Supremo contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, la reforma del reglamento del Senado para retrasar la tramitación de la amnistía; el aviso ya de llevarla al Constitucional, mientras mantiene el bloqueo de la renovación de cargos para retener la mayoría conservadora... 

 Pero además, hoy la derecha está dispuesta a disputar la calle, No son sólo las movilizaciones reiteradas en Ferraz, donde han destacado sectores pre-Constitucionales con el aguilucho y haciendo mofa de las ministras con muñecas hinchables, sino las manifestaciones de miles que Vox llama “Noviembre Nacional”, o la convocatoria de huelga en el sector público del Sindicato para la Solidaridad de los Trabajadores de España de Vox. Las movilizaciones de la derecha, se escoran hacia la extrema derecha. Porque, como decíamos en el balance electoral, no podemos dejarnos influenciar por la pérdida de voto de Vox, porque no significa una pérdida de influencia política sino un escoramiento del sector derechista de Ayuso del PP hacia Vox, arrebatándole voto. El pulso de Vox con el PP en las movilizaciones ha sido permanente y la aparición de una extrema derecha capaz de movilizarse a diario una demostración de fuerza que debilita a Feijóo. 

 Vox nace en los barrios ricos (Salamanca en Madrid o Sarrià/espíritu de la PL. Artós y Pedralbes en Barcelona) pero el objetivo no es un partido de voto para los ricos, para eso ya hay otros, sino un partido capaz de entrar en las barriadas obreras, para destruir su capacidad de lucha. La extrema derecha bebe de la desesperación de sectores de la pequeña burguesía y un sector de la clase profundamente empobrecido y al que la “izquierda” no da ninguna solución. Porque quien ha generado ese avance de la derecha ha sido el Gobierno del PSOE-UP. En plena crisis de la pandemia, guerra, inflación... las empresas del IBEX han hecho beneficios récords mientras la población se empobrecía. Quien ha matado más migrantes en las vallas de Ceuta y Melilla o ha sacado la tanqueta para reprimir en el metal de Cádiz, ha sido el Gobierno “progresista” con su ministro Marlaska. Quien ha aplicado más sanciones por la ley Mordaza, ha sido este gobierno. Con él la política represiva del estado contra Catalunya, comenzada por el PP, ha seguido hasta alcanzar los 4.000 represaliados. La desesperación de los sectores más empobrecidos de la clase obrera y las clases populares prepara la victoria de la derecha como en Grecia, o directamente la extrema derecha como Argentina o Países Bajos.

Agudización de la crisis a inicios de 2024 

 La Comisión Europea ya advierte al nuevo Gobierno de que tiene una situación fiscal "muy difícil" y le reclama "una estrategia fiscal creíble" -que algunos economistas evalúan en 30.000M- para los nuevos presupuestos (PGE). Y los 4.000M que esperaban sacar de los beneficios de las energéticas o los 3.000M en dos años de los bancos, se tambalean. Ya Hacienda los había retrasado hasta el 2024 para pasar elecciones sin la presión de los afectados. Ahora Repsol (que ganó 2.785 millones en nueve meses de 2023, considera pérdidas porque esto es un 13,6% menos que el año pasado, por los precios del petróleo y del gas) amenaza con llevarse proyectos a Portugal si se aplica el impuesto por “ilegal” y “discriminatorio”. El resto de energéticas y bancos le siguen amenazando con demandas al gobierno. Y el BCE, por medio de Guindos, advierte que el impuesto a la banca “ni debe limitar el crédito, ni reducir la solvencia, ni afectar negativamente a los hogares”... en una palabra, que les apoyarán para eludirlo. 

 Los PGE 2024 deben situarse en los nuevos parámetros fijados por la Comisión Europea, el 3% de déficit fiscal (se estima que este año cerremos en el 3,9%) y una deuda que no debe sobrepasar el 60% del PIB (hoy sobrepasa el 113% del PIB). También le reclama "los detalles" sobre el mantenimiento de la reducción del IVA para alimentos que prometió en el discurso de investidura. Le “recomienda eliminar gradualmente las medidas de apoyo de emergencia en materia energética vigentes y utilizar los ahorros correspondientes para reducir el déficit público, lo antes posible en 2023 y 2024”, y “Garantizar una política presupuestaria prudente, limitando el aumento del gasto en 2024 a un máximo del 2,6%”... Es decir, recortes. Y si no cumple, se arriesga a una sanción de 660M semestrales, y si persiste, hasta 6.600M€. 

 Y Sánchez debe cumplir -o no- con los compromisos establecidos en la investidura: porque las migas de ERC (con el traspaso parcial de Cercanías con su financiación y la condonación de más de 14.000M de euros de deuda), tuvo que multiplicarlas, para detener a la derecha del PP-Vox de las otras CCAA, ¡¡haciéndolas extensivas a todas!! 

 Y por si fuera poco, la Comisión Europea, pide que se amplíe el presupuesto de la UE con 100.000M más para 2024 (para invertir en Ucrania, pagar a terceros países para que detengan las migraciones, como Marruecos o Turquía ...). Ese dinero o lo deberían poner los Estados miembros o redistribuir lo que todavía no está gastado del presupuesto ordinario, lo que amenazaría al 30% de los fondos Next Generation, de los que España todavía tiene que recibir y cuenta para los PGE. 

Y una disyuntiva: o movilización y organización a la izquierda de PSOE-Sumar-PCE y Cía, o PP-Vox  

 Con este panorama por delante, una tasa de ocupación del 69,5% en 2022, una tasa de paro del 12% (23% en jóvenes) pese a los maquillajes de Yolanda Díaz, y el reconocimiento por parte de Bruselas que la renta bruta disponible de los hogares 'per cápita' sigue en una situación "crítica", por debajo del nivel de 2008, los márgenes son muy estrechos. La necesidad de Sánchez-Díaz de conservar, en el marco de un agravamiento de la crisis económica, la muleta parlamentaria de los “nacionalistas” catalanes y vascos, con una derecha embravecida, hace que la otra muleta, la social de CCOO y UGT, sea aún más imprescindible. Se prevé que la situación puede ser explosiva en el segundo semestre de 2024 y algunos auguran el final de la legislatura. 

 Pero sería un error dejar al Gobierno que siga gobernando como ha hecho hasta ahora y no movilizarnos para exigir las medidas que trabajadores y clases populares necesitan, argumentando que no hay alternativa ante el gobierno de la derecha: es la manera asegurar que el Gobierno PP-VOX sea sólo cuestión de tiempo, porque será la única referencia para millones que sufren el empeoramiento continuo de sus condiciones de vida y unas políticas de gobierno que nada resuelven. Los Gobiernos "progresistas" con sus políticas neoliberales y de servicio al capitalismo, preparan inevitablemente el acceso a un Gobierno PP-Vox. 

 Y al revés, sólo si somos capaces con la movilización de imponer una salida a la izquierda del bloque del Gobierno y sus alianzas, podremos tener una opción para frenar la entrada de la extrema derecha.