OPINIÓN

La penúltima canallada del Gobierno

Sebastián Martín

Profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla

Desde el pasado 17 de enero, todo aquel que obtenga de modo fraudulento, “para sí o para otro”, una prestación de la Seguridad Social ha pasado a ser un delincuente. Los autores de este nuevo delito, recogido en el artículo 307 ter del código penal, podrán ser castigados, en los casos de menor gravedad, con una multa, en los ordinarios, con “pena de seis meses a tres años de prisión”, y en los que la cantidad defraudada supere los 50.000€, con pena de cárcel de dos a seis años y una multa...[+]