Lo que nos dicen los tiroteos masivos en EEUU
Simón Rodríguez Porras*
Estos crímenes y la
total incapacidad del régimen estadounidense para tomar alguna medida para
prevenir nuevas masacres, o para erradicar sus causas más estructurales, son
síntomas de una profunda degradación política y social.
Más allá de evidenciar
el enorme poder de la industria de las armas en EEUU, o el carácter
ultrarreaccionario de la derecha republicana, estos crímenes y la respuesta
gubernamental ante ellos, sirven para subrayar la dinámica cada vez más caótica
de la política estadounidense, evidenciando que siguen dadas las condiciones para
nuevas crisis como la del 6 de enero de 2021, cuando hordas de ultraderecha
atacaron el Capitolio atendiendo al llamado de Trump a desconocer las
elecciones.
El culto reaccionario a
las armas
Con una
tasa de homicidios anual de 5,4 por cada 100 mil habitantes en 2019, EEUU está muy por debajo de los países con
peores índices, El Salvador (48,7) y Venezuela (39). Sin embargo, esta tasa es
muchísimo mayor a la de otros países industrializados como Canadá (1,5),
Australia (1,3), Reino Unido (0,5) y Alemania (0,7). El contraste es aún mayor
cuando se trata de tiroteos masivos, prácticamente inexistentes en los demás
países industrializados. Pese a la escasa recurrencia de este tipo de crímenes,
en Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, se adoptaron leyes
restringiendo el acceso a armas de alto calibre, luego de masacres perpetradas entre 1996 y 2020. En cambio en EEUU se contabilizaron más de 2.600 tiroteos masivos (aquellos con cuatro o más heridos sin
contar al atacante) entre 2013 y 2020, y continúan aumentando, duplicándose la tasa anual de tiroteos masivos entre 2017 y 2021.
Como es
ya habitual, el presidente Biden llamó a imponer limitaciones a la
comercialización de armas de alto calibre en su alocución luego de la masacre
de Uvalde, un pueblo de mayoría pobre e inmigrante. Sin embargo, el parlamento
bicameral estadounidense es extremadamente antidemocrático y prácticamente
impermeable al apoyo popular
mayoritario a estas medidas.
La derecha republicana se beneficia de la sobrerrepresentación de la población
rural más conservadora, sobre todo en el Senado y en el colegio electoral que
elige al presidente. Aprovecha ese sólido piso parlamentario para promover
políticas muy reaccionarias, como el gerrymandering o las restricciones del
derecho al voto que castigan principalmente a la población negra, indígena y de
origen inmigrante, que a su vez solidifican la representación de la derecha.
Otro actor destacado es
la Asociación Nacional del Rifle (NRA), una organización ultrarreaccionaria,
abiertamente racista, que cabildea a favor del comercio irrestricto de armas de
alta potencia y tiene su expresión política en el partido Republicano.
Todo esto
implica que un sector minoritario de blancos racistas y fundamentalistas
religiosos, de extracción rural, puede imponer, en virtud de los vicios
antidemocráticos del régimen político, legislaciones derivadas de su culto
fanático a las armas. Esta perspectiva extremista ha sido recogida en la
legislación y la jurisprudencia, a tal punto que la Corte Suprema bajo control
conservador falló en 2008 y 2010 estableciendo que la segunda enmienda blinda el
derecho individual prácticamente irrestricto a la posesión de armas.
Es una peculiar
interpretación, impregnada además del alienado individualismo característico de
los EEUU, de un texto constitucional del siglo XVIII que no se refiere a un
derecho individual al armamento sino colectivo, derivado de la necesidad de
organizar milicias para defender al Estado recién formado en un momento en el
que carecía de fuerzas armadas regulares.
Como
puede verse, al apego legalista extremo y el fetichismo constitucional
estadounidense se ha superpuesto una interpretación reaccionaria bastante
extrema, con peculiares consecuencias. En la mayoría de los estados es legal comprar un arma larga o de guerra a una
edad más temprana que la edad mínima para consumir alcohol. De hecho no hay un límite de
edad federal para la propiedad de un arma larga y en la mayoría de los estados tampoco hay una
legislación que lo limite, lo que hace que sea legal que infantes obtengan y
utilicen rifles u otro tipo de arma larga, por ejemplo si sus padres se las
obsequian.
Nada de esto podría
llevar a la equivocada conclusión de que el derecho a armarse es igual para
todas las personas. La cuestión clave de quién tiene derecho a poseer y a usar
las armas en EEUU no es un asunto meramente legal, sino uno que se ha resuelto
históricamente. El régimen del imperialismo estadounidense no tolera la
autodefensa obrera y popular. En la década de 1860 se promulgaron leyes de
regulación de la tenencia de las armas en el sur racista específicamente para
desarmar a la población negra recién emancipada de la esclavitud. Más
recientemente, siendo Reagan gobernador de California en 1967, la derecha
republicana aprobó, con apoyo de la NRA, una ley estadal para ilegalizar el
porte de armas cargadas en espacios públicos, específicamente para criminalizar
a las Panteras Negras, que propugnaban la autodefensa comunitaria ante la
brutalidad policial racista. Algunos de los actuales presos políticos más
antiguos de EEUU son precisamente personas negras e indígenas como Mumia Abu
Jamal o Leonard Peltier, cuyas organizaciones fueron perseguidas y diezmadas
por el terrorismo de Estado, sin que jamás los gobiernos los consideraran sujetos
con derecho a defenderse por medio de las armas.
El auge del terrorismo
supremacista blanco “made in USA”
La masacre perpetrada
por el racista Payton Gendron forma parte del auge del terrorismo racista y de
ultraderecha estadounidense. Gendron dejó un documento en internet con
materiales copiados y pegados de otras declaraciones y manifiestos
neofascistas. Allí plasmó teorías conspirativas y desvaríos ideológicos comunes
a sectores de ultraderecha también de Europa y gran parte del mundo, incluyendo
Latinoamérica. La principal preocupación del criminal es un supuesto
desplazamiento de la población blanca por la inmigración no-blanca, un supuesto
proceso de reemplazo étnico y cultural, además impulsado por una imaginaria
conspiración judeo-marxista.
El Director Nacional de
Inteligencia admitió en marzo de 2021 que la violencia extremista “racialmente
motivada”, un eufemismo para referirse al supremacismo blanco, representa la
amenaza más letal del terrorismo doméstico. Los supremacistas blancos además construyen
redes internacionales, muchas de sus organizaciones en Europa cuentan con
apoyos estatales como el del imperialismo ruso. La turba de ultraderecha que
atacó el Capitolio el 6 de enero de 2021, apoyando a Donald Trump y
desconociendo las elecciones presidenciales de 2020, mostró el potencial
desestabilizador de estos grupos pese a su relativa marginalidad, dados sus
vínculos con el partido Republicano y la complicidad de los cuerpos represivos
ante sus acciones.
La
contradicción más notable está en el hecho de que el gobierno estadounidense
constata que el terrorismo de ultraderecha es la mayor amenaza
interna en el país, cobrando
muchas más víctimas que el terrorismo inspirado en el fundamentalismo islámico,
pero sus acciones van por un rumbo totalmente diferente. Entre 2001 y 2021 los
ataques terroristas de la ultraderecha racista cobraron 114 víctimas en EEUU.
Antes de ello, en 1995 el ultraderechista McVeigh voló un edificio
gubernamental en Oklahoma matando a 168 personas e hiriendo a 680. Sin embargo
el sesgo racista de los cuerpos de seguridad, gran parte de cuyos miembros
simpatiza con muchas de las ideas de la ultraderecha, y el propio carácter
burgués, reaccionario y racista del régimen, donde sectores fascistizantes del
partido Republicano dan expresión política e institucional a las ideas y los
valores de esos grupos, constituyen condiciones que impiden que se ponga freno
a la ultraderecha desde el Estado. La mayor parte de los recursos represivos y
de inteligencia en materia antiterrorista se destinan a perseguir a ciertas
expresiones de fundamentalismo islámico.
Crisis y polarización
El régimen de la mayor
potencia capitalista mundial presenta una serie de características que
imposibilitan cualquier tipo de reforma democrática. El blindaje de un Senado
reaccionario y antidemocrático bloquea cualquier posibilidad de eliminar el
colegio electoral o aplicar el elemental criterio de que los votos de todas las
personas tengan el mismo valor y efecto. Ese blindaje institucional
antidemocrático es un garante del avance del poder de la industria
armamentística representada por la NRA y de la impunidad de la ultraderecha
racista y con expresiones terroristas, al tiempo que impide que se tome ninguna
medida racional para prevenir nuevas masacres escolares o atentados
terroristas, ni restringiendo el acceso a armas de alto poder ni mucho menos
eliminando las causas de la decadencia social y la desesperación que es el
caldo de cultivo para el fundamentalismo religioso cristiano y las ideologías
neofascistas.
Al mismo tiempo, la
movilización masiva de 2020 contra la violencia policial racista, el mayor
movimiento social en la historia estadounidense, y el giro de un sector de la
juventud hacia la izquierda, indican que la polarización política y social se
intensifica. Para atenuarla es posible que Biden y los demócratas intenten
impulsar alguna tímida reforma referida a la tenencia legal de ciertos tipos de
armas, pactada con algún sector de los republicanos. Algo cosmético y sin
ninguna incidencia de fondo.
Para los socialistas es
una obligación señalar la ilegitimidad de un régimen incapaz de dar respuesta a
problemas tan elementales como las masacres en colegios y lugares públicos y el
terrorismo de ultraderecha, y como esta incapacidad está relacionada con rasgos
estructurales del régimen, como su carácter profundamente antidemocrático y
racista. De allí que el régimen no ceda a las exigencias populares, que refleja
una opinión claramente mayoritaria, de mayores restricciones al comercio de
armas dentro de los EEUU. La denuncia contra el enorme poder de la NRA en el
Congreso y el Senado, contra la impunidad de la ultraderecha, incluyendo el
hecho de que Trump no haya sido enjuiciado y encarcelado por encabezar una
conspiración criminal el 6 de enero de 2021, cobran así una urgente actualidad.
Hasta las más
elementales reivindicaciones democráticas son, en el contexto de EEUU, un
cuestionamiento al conjunto del sistema y del régimen. Convertir esas
exigencias en una poderosa movilización social y articular una organización
política de la clase trabajadora en torno a ellas resume el desafío para la
construcción de una alternativa política en EEUU.
*Miembro de la dirección del Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección de la UIT-CI de Venezuela
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